ONGS reclaman que recursos del programa Todos Somos Juárez no han llegado

Luis Reyes
Han pasado cinco meses de que el gobierno federal lanzó el programa Todos Somos Juárez para mitigar el reclamo social de justicia por la ola de asesinatos relacionados con el crimen organizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, y hoy activistas sociales y funcionarios locales reclaman que la violencia continúa y los recursos de la estrategia para reconstruir el tejido social, no se han aplicado.
La masacre de 12 estudiantes ocurrida el 30 de enero en la colonia Villas de Salvárcar, obligó al gobierno federal a invertir 3 mil 383 millones de pesos enfocada en los rubros de seguridad, economía, empleo,salud, educación, cultura y desarrollo social.
Según la página www.todossomosjuarez.gob.mx, a 100 días, entre los avances destacan la instalación de radios GPS en 764 vehículos de fuerzas policiacas; la regularización de 2 mil 500 vehículos sin placas; la creación de 15 mil 721 mil empleos; la afiliación de entre 87 mil y 90 mil personas al seguro popular; la incorporación de 712 planteles al programa Escuela Segura, y la afiliación de 14 mil 423 familias al programa Oportunidades.
La activista Patricia Mendoza, acusó que los montos par llevar a cabo ciertos proyectos no han llegado, y “el gobierno nos está dando atole con el dedo con un programa emergente que no ha dado resultados”.
“Cada día hay más muertos y secuestros. Sólo se puede convivir en los centros comerciales que son los más resguardados. (Los narcos) ahí no entran. La gente pone las casas en renta o las abandona. Unos 160 mil han huido a El Paso Texas o a sus lugares de origen como los veracruzanos, que estaban asentados en colonias desprotegidas”.
Sobre las ejecuciones, el diputado local del PRD, Víctor Quintana Silveyra, refirió que en esta ciudad fronteriza se han cometido mil 300 en lo que va de 2010, a pesar de la presencia de cinco mil 412 agentes de la Policía Federal “y los delitos siguen en aumento”.
Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lamentó que el gobierno federal, estatal y municipal, sigan sin intervenir en los casos de violación a los derechos humanos. “No intervenir sigue siendo válido para ellos, que son simples espectadores del crimen organizado”.
También la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó que alrededor de 10 mil negocios cerraron desde 2007 a la fecha y la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentos (Canirac) local, afirmó que en el último año y medio, el sector restaurantero perdió al menos cuatro mil empleos.
Asimismo la Canirac aseguró que más de 80 por ciento de los comercios pagan extorsiones al crimen organizado que va de 500 a cinco mil pesos, lo que ha originado que la tasa de desocupación se duplicara en los recientes tres años en el estado de Chihuahua.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó que la tasa de desocupación entre el primer trimestre de 2007 que se ubicó en 4.04 puntos, y al primer trimestre de 2010 alcanzó los 8.66 puntos, lo que representa un aumento de 105.44 por ciento.
En este recuento de daños, la Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua calculó que se encuentran laborando, en tanto que 14 mil 404 están desempleadas lo que representa el 2.98 por ciento.
Los investigadores de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Clara Jusidman y Hugo Almada, sostuvieron que el deterioro social en Ciudad Juárez se debe al crecimiento demográfico acelerado; la desatención de los padres para cuidar a los hijos a causa de las condiciones laborales, la pérdida de vivienda de las familias por problemas crediticios, el déficit educativo para atender todos los niveles, lo que genera deserción, la ocupación del primer lugar nacional en muertes por causas externas y el segundo lugar en consumo de drogas.
Aseguraron en Juárez conviven la ciudad norte, la más rica, urbanamente consolidada y en la que se encuentran la mayoría de los servicios de salud, educación y asistencia social. Esta representa el 20 por ciento de la población total. La ciudad poniente, que concentra el 40 por ciento y ha resentido durante 40 años la marginación en infraestructura; y la ciudad sur, el otro 40 por ciento que combina las zonas más pobres con centros comerciales.
Santiago Delgado, presidente de asociación civil Defensoría del Pueblo, deploró que el programa oficial no haya dado ningún resultado y la vida en Ciudad Juárez se vea reflejada en el miedo de la gente en las calles y con jóvenes sin estudios que buscan una salida en el narcotráfico.