Ser periodista en México se ha convertido en una actividad más riesgosa, mal remunerada, poco reconocida por la sociedad y de difícil acceso para los nuevos estudiantes de comunicación.
En un estudio, Reporteros Sin Fronteras catalogó a nuestro país como el país más peligroso par ejercer ya que en los últimos nueve años suman 55 los periodistas asesinados en México.
Según un informe elaborado por Article 19 y Cencos en 2009 sobre libertad de expresión en México, se registraron 244 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. En 65 % de ellas, los presuntos autores materiales fueron identificados como funcionarios y el 6 % como criminales.
El número más alto de ataques se dio en los estados de Oaxaca, Veracruz y Chihuahua, aunque por el grado de violencia destacan Durango, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Quintana Roo.
El reporte enumera que en 2009 fueron asesinados 11 periodistas. La mayoría de estos se concentra en trabajadores de medios impresos con cobertura estatal o local, de género masculino.
En el sexenio de Vicente Fox ocurrieron 25 crímenes contra periodistas mientras que en los primeros tres años del gobierno de Calderón suman 22 los asesinatos, además de la desaparición de la primera mujer con lo que se eleva a nueve el total de periodistas desaparecidos.
El fenómeno continua creciendo y llama la atención que de las agresiones hacia periodistas, el 65 % fueron identificados como funcionarios públicos, 7.79 % como partidos políticos y sólo 6.15 % como delincuentes.
Al desglosar los casos de funcionarios públicos 40.63 % corresponden a servidores públicos y personas con cargo popular, mientras que 59.38 % se atribuyen a fuerzas de seguridad del Estado (Ejército, policías federales, estatales y municipales)
Es decir, aquellos obligados a proteger la integridad de los comunicadores se presentan como los principales agresores.
El desinterés por parte del gobierno en este tema queda validado cuando a cuatro años que se creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República, su desempeño se reduce en promedio a un caso por año.
Del total de esas agresiones 83.61 se perpetraron contra periodistas y 10.66 contra medios de comunicación. El 75 % de los ataques se llevaron a cabo contra medios impresos, 10.25 % contra radiodifusoras y 8.25% contra televisoras.
Es posible que los ataques a medios escritos sean más recurrentes debido a que una nota escrita narra detalles importantes que en ocasiones los medios electrónicos no pueden profundizar por falta de tiempo.
Sobre los recursos que proporcionan las empresas de comunicación para la seguridad de los reporteros, el estudio reveló que el 43.74 % de éstas, no destinan recursos para ello; 31.25 % recurren a publicar información o fotos sin firma y en 12.5% de los casos resuelven hacer un cambio de fuentes.
Lo que pone en entredicho la protección que las empresas de comunicación ofrecen a los periodistas, un respaldo traducido en lo jurídico, laboral, económico y profesional.
En México la labor del periodista no es una labor segura y continúa el crecimiento de las violaciones a los derechos humanos imputadas a las fuerzas de seguridad pública y armadas.
Apenas el 12 de febrero reporteros y fotógrafos de Guerrero marcharon por las calles de Chilpancingo para exigir al gobierno de estado aclarar el asesinato del director de los semanarios El Oportuno y El Sol de la Costa Chica, Jorge Ochoa Martínez, asesinado el 29 de enero en el municipio de Ayutla de Los Libres, región de la Costa Chica.
Este asesinato se suma al de Misael Tamayo Hernández, director de El Despertar de la Costa; el conductor de Radiorama en Acapulco, Juan Daniel Martínez Gil y el corresponsal de Televisa en Acapulco, Amado Ramírez Dillanes.
La periodista María Idalia Gómez, autora del libro Con la muerte en el bolsillo –investigación sobre el crecimiento del narcotráfico en México desde 1990—, enumera algunas medidas preventivas: modificar la rutina del afectado; tener más comunicación con la redacción; entablar horas especificas para que el informador se reporte con el editor; que tanto el amenazado como el medio tengan teléfonos de compañeros de redacción y de emergencia.
Considera que otra forma de prevenir el secuestro o asesinato de un informador es presentar a los lectores un trabajo de calidad; tener la capacidad de crítica y análisis, confrontar las declaraciones de las mismas autoridades, dejar de ser voceros y explicar el problema desde su contexto.
Otro rubro que merece atención es el salario de un periodista. El periodismo está considerado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos como una profesión y de acuerdo a la zona económica en 2008 los salarios van desde los 148.05 a los 157.56 pesos diarios.
Para Manuel Fuentes Muñiz, especialista en temas de justicia de la Universidad Autónoma Metropolitana, varias empresas de comunicación para evitar cubrir el salario mínimo profesional del reportero se les inscribe en el IMSS como auxiliares reduciendo su salario a 49.50, 50.96 y 52.59 pesos diarios.
Son escasos los periodistas que están reconocidos formalmente como tales. La mayoría se les contrata de manera verbal o por honorarios, no reciben prestaciones legales ni tampoco seguridad social.
“En ocasiones se les impone como condición para ingresar a un centro de trabajo firmar una hoja en blanco, para ser usada en el futuro, como renuncia a sus derechos laborales en caso de despido”.
Menciona que existen casos conocidos de periodistas que con el fin de conseguir un contrato, al principio no cobran salario. Aceptan ser “meritorios” de meses y años, al servicio de muchos jefes y sometidos a intensas cargas de trabajo sin límite de horario.
Otros, indica, son los llamados free lance, los cuales, a pesar de estar en jornadas intensas para lograr la nota, se les compra su trabajo como si fuera un producto de mercado, sin asumir ninguna responsabilidad laboral. “Nadie se hace responsable de ellos si sufren un accidente de trabajo o si son agredidos por la nota escrita o gráfica que se ha difundido”.
La carrera de comunicación es una de las más demandadas en las universidades. Sin embargo, la encuesta nacional de ocupación y empleo realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en 2007, demostró que 70 % está desempleado o se desempeña en actividades productivas alternas.
Sólo el 30 % de los mexicanos egresados de la Licenciatura en Comunicación, señala, encuentran un empleo relacionado con la carrera.
Ese mismo año el periódico Reforma publicó un artículo en el que ubicaba esta licenciatura como una de las diez carreras menos redituable y con mayor demanda estudiantil. Reforma documentó que entre 2007 y 2008 habían 72 mil 244 estudiantes de esta carrera.
En conclusión, aquel que ejerce periodismo en México encontrarà limitantes laborales, profesionales y sobretodo en cuanto a su integridad.
El periodismo ha cambiado, ya no es un oficio, es una profesión que necesita del reconocimiento como eje de cambio para la sociedad, la cual también tiene la responsabilidad de informarse.
Mi opinión es que el periodismo cumple cuando tiene un compromiso con la sociedad, de presentar los hechos que le afectan y de hacerla reflexionar para que tome decisiones; no obstante el bajo perfil educativo y las carencias que tiene la sociedad mexicana para discernir sobre la realidad.
En la medida en que el periodista sea autónomo de su propia opinión y no la de su medio, es posible que pueda recuperar respeto en su profesión.
Tal vez la saturación de información obliga al periodista a separar la que sea necesaria, para darle una lectura distinta, no oficial, ni corporativa.