Luis Reyes
El martes 15 de diciembre de 2009, el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, presentó su iniciativa de reforma política, con la intención de que la "política deje de ser sinónimo de conflicto y de parálisis en México". En su propuesta incluyó la figura de las llamadas candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular. En ella, Calderón estableció a grandes rasgos: “Ampliar los mecanismos para hacer efectiva la garantía constitucional de todos los ciudadanos a ser votados”.
La iniciativa presidencial fundamentaba la necesidad de crear nuevas vías de participación política para la ciudadanía, concretamente para abrirles canales de participación distintos de la militancia partidista. Asimismo esgrimía que la IDEA, organismo especializado en estudios comparados de sistemas electorales del mundo, de un total de 198 países estudiados, más del 40 por ciento de los mismos permiten candidatos independientes tanto para la Presidencia como en la integración del Congreso.
La iniciativa de Calderón estipulaba el admitir el registro de candidatos ciudadanos a todos los cargos de elección popular sin la obligación de que un partido los postule. Que para la aceptación de las candidaturas independientes se requerirá que por lo menos sean respaldados por al menos el uno por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la demarcación correspondiente.
Proponía: “los aspectos relativos a la regulación del financiamiento, acceso a medios, fiscalización de gastos y garantías exigidas a las candidaturas ciudadanas, se deberán establecer en la legislación secundaria”.
Nuestra Constitución enumera que entre las prerrogativas de cualquier ciudadano es que éste puede votar en elecciones populares; puede ser votado para todos los cargos de elección popular, así como asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Es decir que para tomar parte de la vida “democrática” de México tiene que pertenecer a un partido político: ser militante.
La postura del PRI en principio fue que no aceptaría las candidaturas independientes con el argumento de que que abrirían espacio a los poderes fácticos o a la derecha, y censuró los "tufos de autoritarismo" en iniciativas que pretenden debilitar al Congreso, al advertir que no permitirán que se dañe al Legislativo.
La ex presidenta nacional del tricolor, Beatriz Paredes Rangel, definió su postura sobre el debate de las candidaturas independientes y señaló que “se tiene que dar no desde el ideal democrático de una sociedad civil ampliamente participativa y con alta densidad ciudadana, sino desde el hecho inusitado del hiperactivismo de los grupos de ultraderecha, que quizá crean que la confusión que impera en algunos temas los llevará a tomar el poder político. Desde el PRI les decimos: no pasarán".
Para la politóloga, Norma Sylvia López Cano y Aveleyra, en la revista que edita el tricolor, Confluencia XXI, la admisión legal de las candidaturas independientes para la Presidencia de la República, conjuntamente con la participación de los partidos políticos, lleva en principio a una mayor fragmentación del voto.
Otra desventaja que López Cano y Aveleyra señala es que existiría vulnerabilidad ante los inversores y ante los gobiernos extranjeros que pretendan influir en la política nacional mexicana. Pero bueno, ahora sabemos que con o marco legal, los extranjeros deciden muchas de las veces en decisiones políticas como en la llamada guerra contra el narcotráfico.
O varios medios de comunicación, liderados por Televisa, para firmar un acuerdo para la unificación criterios en la cobertura informativa de la violencia generada por el narcotráfico,en detrimento de la libertad de expresión que debe prevalecer en cualquier sistema democrático.
De su lado, el doctor Diego Valadés Ríos ha dicho que “este tipo de candidaturas encubrirían la manipulación de los grupos con poder financiero, que en nuestro país se llevaría a cabo con el apoyo subrepticio de organizaciones delictivas de gobiernos extranjeros, o de caciques convertidos en grandes electores”.
El riesgo según veo en el PRI, es que “los ricos” o las organizaciones delincuenciales podrían introducir sus propios candidatos independientes para legitimar el uso de capitales a través de los medios institucionales, lo que equivaldría a una especie de “blanqueo” de dichos recursos, es decir poner en bandeja de plata a los grupos fácticos el poder directo que ofrece el Estado en sus instituciones.
En mi opinión, para cualquier ciudadano que no tenga dinero, no tiene posibilidades reales competir, o de efectuar una colecta al mismo tiempo que realiza una campaña, lo cual sería imposible. En todo caso tendría que presentarse su candidatura mucho antes que los partidos políticos presentan a los suyos, con la consigna de que el Estado tendría que financiar a los candidatos independientes.
Esto provocaría que los partidos tuvieran menos dinero para gastar en precampañas y campañas, lo cual no sería muy bien visto por estos y por principio rechazarían. En la actualidad, a los partidos políticos se les otorga financiamiento de acuerdo al número de votos que obtienen.
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