ONGS reclaman que recursos del programa Todos Somos Juárez no han llegado

Luis Reyes
Han pasado cinco meses de que el gobierno federal lanzó el programa Todos Somos Juárez para mitigar el reclamo social de justicia por la ola de asesinatos relacionados con el crimen organizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, y hoy activistas sociales y funcionarios locales reclaman que la violencia continúa y los recursos de la estrategia para reconstruir el tejido social, no se han aplicado.
La masacre de 12 estudiantes ocurrida el 30 de enero en la colonia Villas de Salvárcar, obligó al gobierno federal a invertir 3 mil 383 millones de pesos enfocada en los rubros de seguridad, economía, empleo,salud, educación, cultura y desarrollo social.
Según la página www.todossomosjuarez.gob.mx, a 100 días, entre los avances destacan la instalación de radios GPS en 764 vehículos de fuerzas policiacas; la regularización de 2 mil 500 vehículos sin placas; la creación de 15 mil 721 mil empleos; la afiliación de entre 87 mil y 90 mil personas al seguro popular; la incorporación de 712 planteles al programa Escuela Segura, y la afiliación de 14 mil 423 familias al programa Oportunidades.
La activista Patricia Mendoza, acusó que los montos par llevar a cabo ciertos proyectos no han llegado, y “el gobierno nos está dando atole con el dedo con un programa emergente que no ha dado resultados”.
“Cada día hay más muertos y secuestros. Sólo se puede convivir en los centros comerciales que son los más resguardados. (Los narcos) ahí no entran. La gente pone las casas en renta o las abandona. Unos 160 mil han huido a El Paso Texas o a sus lugares de origen como los veracruzanos, que estaban asentados en colonias desprotegidas”.
Sobre las ejecuciones, el diputado local del PRD, Víctor Quintana Silveyra, refirió que en esta ciudad fronteriza se han cometido mil 300 en lo que va de 2010, a pesar de la presencia de cinco mil 412 agentes de la Policía Federal “y los delitos siguen en aumento”.
Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lamentó que el gobierno federal, estatal y municipal, sigan sin intervenir en los casos de violación a los derechos humanos. “No intervenir sigue siendo válido para ellos, que son simples espectadores del crimen organizado”.
También la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó que alrededor de 10 mil negocios cerraron desde 2007 a la fecha y la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentos (Canirac) local, afirmó que en el último año y medio, el sector restaurantero perdió al menos cuatro mil empleos.
Asimismo la Canirac aseguró que más de 80 por ciento de los comercios pagan extorsiones al crimen organizado que va de 500 a cinco mil pesos, lo que ha originado que la tasa de desocupación se duplicara en los recientes tres años en el estado de Chihuahua.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó que la tasa de desocupación entre el primer trimestre de 2007 que se ubicó en 4.04 puntos, y al primer trimestre de 2010 alcanzó los 8.66 puntos, lo que representa un aumento de 105.44 por ciento.
En este recuento de daños, la Secretaría de Desarrollo Industrial de Chihuahua calculó que se encuentran laborando, en tanto que 14 mil 404 están desempleadas lo que representa el 2.98 por ciento.
Los investigadores de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Clara Jusidman y Hugo Almada, sostuvieron que el deterioro social en Ciudad Juárez se debe al crecimiento demográfico acelerado; la desatención de los padres para cuidar a los hijos a causa de las condiciones laborales, la pérdida de vivienda de las familias por problemas crediticios, el déficit educativo para atender todos los niveles, lo que genera deserción, la ocupación del primer lugar nacional en muertes por causas externas y el segundo lugar en consumo de drogas.
Aseguraron en Juárez conviven la ciudad norte, la más rica, urbanamente consolidada y en la que se encuentran la mayoría de los servicios de salud, educación y asistencia social. Esta representa el 20 por ciento de la población total. La ciudad poniente, que concentra el 40 por ciento y ha resentido durante 40 años la marginación en infraestructura; y la ciudad sur, el otro 40 por ciento que combina las zonas más pobres con centros comerciales.
Santiago Delgado, presidente de asociación civil Defensoría del Pueblo, deploró que el programa oficial no haya dado ningún resultado y la vida en Ciudad Juárez se vea reflejada en el miedo de la gente en las calles y con jóvenes sin estudios que buscan una salida en el narcotráfico.

A 10 años, la alternancia no pasó la prueba en política económica: Núñez Jiménez

Luis Reyes

La alternancia marcó un parteaguas en los medios de comunicación y la libertad de expresión. Al llegar Vicente Fox a la Presidencia con el Partido Acción Nacional (PAN), se terminó con 71 años de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), El poder del tricolor sobre los poderes fácticos también había terminado.

A más de 10 años de la transición, el senador del PRD, Arturo Núñez Jiménez, consideró que ésta no pasó la prueba en política económica y demolió al poder presidencial omnívodo, porque el poder que se le quitó al Ejecutivo, era similar al que Enrique González Pedrero recreó de Antonio López de Santa Anna en su libro País de un solo hombre: el México de Santa Anna.

“Demolimos ese poder presidencial, porque ahora México no es más el país de un sólo hombre por más relevante que sea el liderazgo presidencial, ese poder lo ganaron el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los gobernadores y los poderes fácticos, que tienen un rol más relevante”, aseguró.

Asimismo, consideró que en la actualidad ya no hay jefe de la clase política gobernante, lo que provocó una ruptura en el equilibrio político y que los gobernadores hayan reproducido el poder presidencialista en sus estados de una manera exacerbada.

Núñez Jiménez afirmó que en aquélla transición, los medios de comunicación ejercieron un rol fundamental al contribuir con su función informativa en el proceso electoral y se convirtieron en un aliado importante al conquistar mayores espacios.

En ese proceso, manifestó, los poderes fácticos no formales, recibieron su cuota de poder como en el caso de la televisoras “que es paradigmático, ya que se han convertido en medios de presión de grupos de interés muy diversificados a nivel estatal y local”.

El integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, indicó que el control de la prensa escrita, de la radio y la televisión por parte de los gobernadores “es asombroso, y es lo que algunos medios abonaron en esta etapa posterior que estamos viviendo”.

Advirtió que las nuevas amenazas al periodismo son las del crimen organizado y de otros segmentos de la sociedad que legal o ilegalmente, quieren obstaculizar esta labor, “pero creo hay más libertad de expresión que antes”.

Comentó que los comunicadores han sido amenazados o asesinados por cubrir el tema del crimen organizado. Como intimidación, dijo, los narcos colocan cadáveres y cabezas a las afueras de los diarios que han sido combativos, lo que ha generado la autocensura.

En el sentido de que la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República dependerá del procurador, opinó: “Habrá que estar pendientes si se aplican acciones consecuentes para combatir este tipo de atentados”.

La transición tuvo un conflicto por la Ley Televisa. Con el decretazo de Fox, se modificó la Ley Federal de Radio y Televisión, al reducir el pago de transmisión de los tiempos oficiales de 12.5 por ciento a 1.25. En 2007 la SCJN lo abrogó por considerar al Estado como rector de las telecomunicaciones en México.

Al respecto, precisó que es un claro ejemplo de la abdicación de las fuerzas políticas para ejercer la ley reguladora de los medios de comunicación y responder a las necesidades de la ciudadanía.

Informó que se requiere mayor competencia en el otorgamiento de concesiones ya que se ha constituido un poder de facto que inhibe regularlas. “La Presidencia se ha entregado a estos medios y un ejemplo es el decretazo de Vicente Fox al otorgar a las televisoras incentivos fiscales”, subrayó.

-¿Qué comprometió Calderón con la licitación otorgada al consorcio formado por Televisa, Telefónica y Megacable para explotar la red de fibra óptica de la CFE, es un pago de favores?

- Con la reforma electoral, se tuvo el espíritu de regular las licitaciones; sin embargo, existen subterfugios. Recordemos el relevo de Santiago Creel Miranda como coordinador del PAN en el Senado. Los medios lo vetaron en cadena nacional. Creel confirmó la subordinación del poder público al de facto.

Sobre si el PAN busca un operador con miras a las elecciones de 2012 con la designación de Mony de Swaan en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, negó conocerlo, aunque afirmó que “sin duda eso sería muy grave”.

Criticó que la alternancia en 2000 haya sido viable para el PRI y el PAN y consideró que en las próximas elecciones de 2012 es posible que se dé un relevo con la misma postura económica.