Luis Reyes
Hace tres años Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola, fueron acusados de terrorismo en Veracruz por haber publicado mensajes de alerta sobre las balaceras que ocurrían en el puerto. El gobernador Javier Duarte llevaba dos años y la protesta social por la detención de ambos no se hizo esperar. Gracias al activismo cibernético y a la ayuda de abogados que conocieron su caso pudieron salir libres; sin embargo, narraron que estando presos fueron golpeados y maltratados. La persecución por redes sociales la repitió el ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines. En su sexenio se crearon cuentas por Twitter para amenazar a quienes lo criticaran, e incluso se usaron los tweets para integrar averiguaciones previas: una ley mordaza digital. Eso en cuanto a la censura.
En la protesta, los Congresos de Quintana Roo y de Chiapas este mes aprobaron nuevas leyes con la supuesta finalidad de regular las marchas, las manifestaciones y los plantones en la entidad. En Chiapas, quedó legislado que las fuerzas de seguridad podrán hacer efectivo el “uso legítimo de la fuerza”, mientras que en Quintana Roo el gobierno “tomará las medidas necesarias” si durante las manifestaciones se altera el orden o la paz pública o se produjeran actos de violencia. En Jalisco y Oaxaca y el Distrito Federal se encuentran en proceso varias iniciativas que buscan proteger los centros históricos del vandalismo o que los manifestantes porten armas y causen daños a su paso en las movilizaciones.
Por eso llama la atención que hoy en Puebla el Congreso del estado haya aprobado una ley presentada por el gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas más radical. Y lo digo porque ni los priístas se atrevieron a mencionar armas de fuego. Esta ley les permite a los elementos de seguridad pública a utilizar "armas de fuego" para disolver una protesta que sea catalogada como “violenta”. Este nuevo reglamento las clasifica en “lícitas”, “ilícitas no violentas” y “violentas”, pero no da las características de cada una, lo cual otorga a los uniformados cierta libertad para hacer frente a una protesta. Olvídese del tolete y el gas lacrimógeno, lo de hoy es ser incendiario para detener la protesta.
¿Por qué resultan graves estos dos mecanismos como la censura y el uso de la fuerza de los gobernadores para inhibir el descontento ciudadano? En el entendido de que si vivimos en un Estado democrático y nuestra sociedad está conformada por habitantes con diversas opiniones y formas de participación, los gobernadores han convenido castigar con cárcel o usar las armas con aquellos que disienten. Cada seis años, Los Mirreyes del Garrote piden votos y prometen a sus habitantes mejorar las condiciones de su entidad, pero ya en el poder, practican despilfarros como el uso excesivo de los medios electrónicos para autopromocionarse,o usan los mecanismos de control de la prensa escrita para resaltar avances y homogeneizar la opinión. Olvidan su compromiso principal, que es el de asegurar mejores oportunidades y gobernar bien.
Desde luego que no estoy de acuerdo con las protestas de grupos privilegiados por gobiernos de antaño y hoy en día con mucho poder, pongo el ejemplo de los maestros de Oaxaca o los taxistas de Quintana Roo, que hacen protestas para pedir favores políticos; éstas no deben ser solapadas, pero deben buscarse otro tipo de mecanismos para que estos grupos no violen el derecho de terceros. Sin embargo, no hay que perder de vista que a últimas fechas, los Mirreyes del Garrote están echando mano a la represión y a la censura. Están avanzando poco a poco y sigilosamente. La violencia por el crimen organizado es una alteración de la paz pública y no ha sido erradicada. La diferencia es que esos grupos delincuenciales sí están armados.
Por eso no sorprende que el Presidente Enrique Peña Nieto hubiera promovido en la iniciativa de ley secundaria de telecomunicaciones la censura por Internet mediante el bloqueo a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, y se le permitiera al gobierno federal inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos "para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”. Todo eso muy bien contra criminales, no contra ciudadanos. Los Mirreyes del Garrote dictan la pauta para convertir a sus entidades de la República en las más censadas y controladas; cada vez, con menos resultados para alcanzar los objetivos que trazan cada seis años para mejorar las oportunidades de sus gobernados.
